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NEGRO SOARES

INFORME DE LA GREMIAL SOBRE EL INTENTO DE INTIMIDACIÓN A NUESTRO COMPAÑERO "NEGRO" SOARES


El año pasado nuestro compañero Eduardo 'El Negro' Soares fue requerido para asistir jurídicamente a un niño de 17 años imputado en una causa penal. Esta causa carece de toda actuación judicial: no existe ninguna actuación por parte del Fiscal; hasta que aceptó el cargo nuestro compañero no existió ninguna actuación de la Defensa Pública ni siquiera al momento de la indagatoria, en la que no estuvo presente; con ausencia total de control por parte de la jueza. Esto es lo que denominamos CAUSA ARMADA POR LA POLICÍA, CONVALIDADA POR EL FISCAL. Y decimos 'Fiscal', porque es quien solicita que todas las actuaciones policiales sean el único sustento de la acusación para el juicio que requiere.
Obviamente esto sucede en hechos en los que está involucrado, como en este caso, un chico pobre, de un barrio pobre de Florencio Varela, hijo de un estibador portuario.
En oportunidad de la audiencia de Elevación de la causa a Juicio se produjo un incidente entre el Fiscal, Dr. Cipollone, y la Jueza, Dra. Isabel Rita Ceroni, por un lado y la Defensa por el otro. El Fiscal del caso solicitó que se lleve a cabo el Debate (juicio oral), entendiendo que hay pruebas suficientes en contra del pibe para enjuiciarlo. Cedida la palabra a nuestro compañero, manifestó que la causa era un armado policial con prueba fabricada por la policía y sin ninguna actuación judicial que la corroborara. Y dijo expresamente que todo ese armado contó con la convalidación de la Fiscalía.
De inmediato el Fiscal interrumpió el alegato de nuestro compañero aduciendo que no iba a permitir semejante planteo y solicitó que la jueza procediera al apartamiento de la Defensa. Concretamente solicitó sanciones por "falta de decoro".
La Jueza de Instrucción penal de Menores N° 1 hizo lugar al pedido del Fiscal y ordenó librar oficio a los Colegios de Abogados de Capital y de San Isidro a fin de que sancionen al compañero por sus dichos en el ejercicio de la Defensa.
La causa siguió su trámite y el 11 de noviembre se llevará a cabo el Juicio Oral en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de Quilmes.
Nuestra Asociación rechaza y repudia la actitud del Fiscal y la Jueza que pretenden limitar e intimidar a los defensores que cuestionemos la connivencia entre el accionar policial y la justicia. Por ello, ni en esta ni en ninguna causa, toleraremos la intimidación que pretendan ejercer las autoridades en el ejercicio de nuestra defensa. Menos aun dejaremos de defender a todo aquel que denuncie arbitrariedades policiales, judiciales o de cualquier autoridad, siempre en la medida de nuestras posibilidades.

La Gremial de Abogadas y Abogados requirió un Dictamen sobre este tema al profesor Doctor Raúl Heredia, que aquí reproducimos íntegramente. Asimismo, reproducimos el Acta oficial completa de la audiencia que da cuenta de los hechos aquí mencionados y de la sanción que se pretende imponer.

 

ASOCIACIÓN GREMIAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS
Noviembre 2015

A LA ASOCIACIÓN 
GREMIAL DE ABOGADOS
Presente______________

Ref.: RESOL. Juzgado de Garantías del Joven Nro. 1 del Departamento Judicial Quilmes, con asiento en Florencio Varela respecto del abogado Eduardo SOARES, inscripto en el To XVI, Fo 67 del Colegio de Abogados de San Isidro

En respuesta a vuestra consulta acerca del tema de la referencia –en cuanto el Tribunal decide “EXTRAER COPIAS de la presente resolución y del audio respectivo debiendo ser remitidas al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal como así también al Colegio de Abogados de la Pcia. de Bs.As., Departamental San Isidro a los fines que estime corresponder, mediante oficio de estilo”-, me expido como sigue:
I. El fiscal actuante en la audiencia celebrada entendió, en relación con expresiones del abogado SOARES, “…que esto va contra el decoro que se debe respetar en una audiencia y solicita que se remita una copia al Colegio de Abogados correspondiente del audio de esta audiencia y que el Sr. Defensor sea apartado de la defensa”. Las expresiones a que se refiere se hacen constar así: “sostiene que no existen a su entender materiales concretos para imputar el delito que se le achaca al joven L. y entiende que se trataría de una causa de típico armado por la policía y convalidado por el Ministerio Público”. Luego de la intervención del fiscal, citada antes, el abogado SOARES explicita que “…no está diciendo que es cómplice de esto (sino), que la fiscalía da por hecho todo que no investiga”.
II. Así los hechos, debo subrayar que las expresiones entendidas incorrectas fueron vertidas por el abogado en el ejercicio de su misión de defensor penal. Creo advertir una actitud inquisitiva del mismo juez actuante, que se permite de oficio admoniciones al letrado intimado por el fiscal. Al parecer, fiscal y juez han entendido, además, que ese no era el ámbito procesal para que el defensor se refiriera en esos términos a la causa. 
III. Ha de recordarse siempre que los derechos del imputado se ejercen desde el inicio mismo en que es sospechado de cualquier forma como autor o partícipe en algún grado de un hecho considerado delictivo. Así lo dicen nuestras leyes procesales (CPrPenBsAs.): “ARTICULO 60.- Calidad. Instancias.- Se considerará imputado a toda persona que en cualquier acto o procedimiento se lo indique o detenga como autor o partícipe de la comisión de un delito. Los derechos que este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso desde el primer momento de la persecución penal dirigida en su contra…”. El nuevo Código Procesal penal de la Nación dice: “El derecho de defensa es inviolable e irrenunciable y puede ejercerse libremente desde el inicio del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia” (artículo 6, primera disposición). De modo, pues, que no resultaba incompatible con el estadio procesal de la causa la intervención del defensor para poner de manifiesto una irregularidad del procedimiento. Lo exige así el derecho de defensa y su inviolabilidad, que se corresponde con cualquier estado y grado del proceso.
IV. Convendrá ahora, sin más rodeos, acudir a las prerrogativas constitucionales y convencionales de que gozan los abogados especialmente en materia penal. La razón de la mayor protección que a ellos se les dispensa, internacionalmente reconocida, tiene vinculación con su rol en el proceso y en general porque los abogados son –deben ser- verdaderamente independientes de los poderes del Estado ante los que deben presentarse y peticionar y hasta cuestionar los abusos y excesos del poder.
A) Remito a los ”Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 p. 118 (1990)”. 
En el apartado “Obligaciones y responsabilidades”, puede leerse: “/ 13. Las obligaciones de los abogados para con sus clientes son las siguientes: / a) Prestarles asesoramiento con respecto a sus derechos y obligaciones, así como con respecto al funcionamiento del ordenamiento jurídico, en tanto sea pertinente a los derechos y obligaciones de los clientes; / b) Prestarles asistencia en todas las formas adecuadas, y adoptar medidas jurídicas para protegerlos o defender sus intereses; / c) Prestarles asistencia ante los tribunales judiciales, otros tribunales u organismos administrativos, cuando corresponda. / 14. Los abogados, al proteger los derechos de sus clientes y defender la causa de la justicia, procurarán apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional, y en todo momento actuarán con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas que rigen su profesión. / 15. Los abogados velarán lealmente en todo momento por los intereses de sus clientes.
En el apartado titulado “Garantías para el ejercicio de la profesión”, se previene: “/ 16. Los gobiernos garantizarán que los abogados: a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; (…) y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión. / 17. Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada. / 18. Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones (…) / 20. Los abogados gozarán de inmunidad civil y penal por las declaraciones que hagan de buena fe, por escrito o en los alegatos orales, o bien al comparecer como profesionales ante un tribunal judicial, otro tribunal u órgano jurídico o administrativo. / 21. Las autoridades competentes tienen la obligación de velar por que los abogados tengan acceso a la información, los archivos y documentos pertinentes que estén en su poder o bajo su control con antelación suficiente para que puedan prestar a sus clientes una asistencia jurídica eficaz. Este acceso se facilitará lo antes posible. (…)” [Destacados míos].
B) De igual modo cabe remitir a la CARTA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA DEFENSA -UNIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS (UIA), a la que pertenece la FACA-. Ya se lee en su EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: / La Unión Internacional de Abogados ha tomado la iniciativa de una consulta mundial de los Colegios de Abogados para elaborar la presente Carta. / Una Carta relativa a los derechos de la defensa debe inscribirse en el conjunto de los textos internacionales, Pactos de Nueva York y Convenios regionales que fijan las reglas mínimas y las garantías fundamentales en materia de protección de las libertades y de las normas del proceso equitativo. / En efecto, no puede separarse la independencia de los Jueces de la de los Abogados. Ambas son interdependientes. Tampoco se pueden separar los derechos de la defensa de los derechos de los justiciables. La inmunidad del Abogado tiene como presupuesto y como límites la salvaguardia de los derechos de los justiciables…”.
Entre los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, consagra: / ARTÍCULO 1. El derecho a la justicia y a un proceso equitativo es un derecho fundamental reconocido por todos los documentos o instrumentos convencionales internacionales. / El derecho a la defensa es uno de los pilares indispensables para una correcta administración de justicia. / Esta es inseparable de la independencia de la justicia: si no existen tribunales independientes e imparciales no es posible la protección efectiva de los justiciables. / ARTÍCULO 2. La defensa efectiva de los justiciables es el medio necesario y la regla esencial para asegurar la salvaguardia de los derechos fundamentales. / ARTÍCULO 3. Cualquier persona debe poder ejercer sus derechos ante la justicia lo que conlleva el derecho a un tribunal y un derecho efectivo de acceso al mismo (en el sentido reconocido por el Derecho Internacional Público). / Cualquier persona tiene derecho en plena igualdad a que su causa sea vista pública y equitativamente por un tribunal independiente e imparcial que se pronuncie tanto sobre sus derechos y obligaciones, como sobre el fundamento de toda acusación en materia penal y civil dirigida contra ella o que cause perjuicio a sus bienes; todo ello respetando la igualdad de armas entre la Acusación y la Defensa. /… ARTÍCULO 5. La intervención del abogado debe ser efectiva, lo que implica para este el deber de proporcionar en el cumplimiento de su misión la competencia y la diligencia necesaria…”. 
En su ARTÍCULO 11 prescribe. “La acusación no tiene por objetivo obtener a cualquier precio la condena del acusado. Debe presentar objetivamente todos los elementos del caso…Añade en el apartado III – LA DEFENSA: / ARTÍCULO 12. Principios fundamentales de la defensa penal / Una defensa libre supone la libertad del defensor : el abogado que represente a un acusado en un asunto penal debe tener la posibilidad de preparar libre e íntegramente una defensa de acuerdo con las exigencias de la justicia, de comunicarse libremente con el acusado y de informar sin estar condicionado por las instrucciones de un órgano o partido oficial, sin encontrarse bajo la amenaza de sufrir una limitación arbitraria de su capacidad profesional, sin estar amenazado en su vida privada, en su vida familiar ni en sus bienes y sin ser interceptado en sus comunicaciones en el ejercicio de la defensa….
Se agrega en el ARTÍCULO 13: (…) En el cumplimiento de sus deberes, el abogado ha de actuar en todo momento, en toda libertad, con diligencia y valentía, conforme a lo establecido en la ley, sin violar nunca su propia conciencia y respetando la voluntad de su cliente y la deontología de la profesión de abogado, sin preocuparse de las restricciones o presiones a las cuales le puedan someter las autoridades o el público…” Y repite: “…un abogado goza de inmunidad civil y penal por las declaraciones que haga de buena fe en sus informes, escritos u orales o en el ejercicio de su profesión ante una jurisdicción, un tribunal u otra autoridad judicial o administrativa…”.
Como un principio general el ARTÍCULO 14 prevé que “Deben garantizarse a los Abogados todos los derechos necesarios para el ejercicio efectivo de sus responsabilidades profesionales…”. Y en especialísima previsión, dice “…Los abogados ejercen una función esencial para la representación y exposición de los derechos y quejas en la sociedad y por ello deben gozar de la libertad de asociación, creencias, opinión y expresión”…. / “Los abogados tienen la responsabilidad de estudiar la legislación en vigor que debe estar a la disposición de todo justiciable, examinar el funcionamiento del sistema de administración de justicia y apreciar sus propuestas de reforma…”.
V. De cuanto viene de decirse, se desprende inequívocamente el derecho del defensor penal a cuestionar, aun con severidad, la regularidad de un procedimiento asistiendo a quien ha acudido a él y a él le ha confiado sus intereses y le ha proporcionado elementos en sus manifestaciones y comunicaciones inviolables. A esta altura, es impensable que pretenda desconocerse la habitualidad con la que se lesionan principios fundamentales del debido proceso. Como ha repetido en diversas ocasiones el doctor ZAFFARONI, es una verdad de Perogrullo que al imputado siempre lo “acerca” la policía y que es práctica generalizada la delegación en esa fuerza de las tareas de investigación, pese al esfuerzo que las leyes han hecho y hacen para que los fiscales asuman la dirección del procedimiento sin delegaciones.
Traigo a colación las DIRECTRICES SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS FISCALES, Aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Véase: “…/ 12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal. / 13. En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales: / a) Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra índole; / b) Protegerán el interés público, actuarán con objetividad, tendrán debidamente en cuenta la situación del sospechoso y de la víctima, y prestarán atención a todas las circunstancias pertinentes, prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso…”.
De modo que los fiscales no deben sentir como un reproche personal, subjetivo, las indicaciones y observaciones que los defensores realicen en relación con la regularidad del procedimiento. El abogado SOARES en definitiva ha reclamado una investigación directa del fiscal y ha impugnado la convalidación de lo actuado por la policía entendiendo que ello comportaba una irregularidad. El propio fiscal debió, en todo caso, referirse adecuadamente al procedimiento y explicitar cómo se llevó a cabo. Lo otro resulta ser una quisquilla en el procedimiento, un exceso de celo sin atender a la sustancia y a la misión esencial del defensor.
VI. Creo conveniente recodar aquellas enseñanzas del gran Ossorio y Gallardo en EL ALMA DE LA TOGA: ““I. No pases por encima de un estado de tu conciencia”. / “II. No afectes una convicción que no tengas”. / “III. No te rindas ante la popularidad ni adules a la tiranía”. / “IV. Piensa siempre que tú eres para el cliente y no el cliente para ti”. / “V. No procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados, pero no consientas ser menos”. / “VI. Ten fe en la razón, que es lo que, en general, prevalece”. / “VII. Pon la moral por encima de las leyes”. / “VIII. Aprecia como el mejor de los textos el sentido común”. / “IX. Procura la paz como el mayor de los triunfos”. / “X. Busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad y sin otras armas que las de tu saber”. Porque está aquí la verdadera deontología profesional que los Colegios Públicos de Abogados –por los que tanto abogó el citado maestro- deben resguardar defendiendo a sus asociados que para eso se colegian.
Ha pasado tiempo desde que esto se escribió, pero conserva plena lozanía y vigencia. Aún más, hoy, frente a los excesos y abusos del poder, acrecen estos mandamientos para los abogados. Podría citarse:
“Con ese derrotero en mi mente y sabiéndome, además de docente, un abogado que ejerce su profesión, afirmo que la práctica de la abogacía penal es una labor esencial para el desarrollo del Estado de Derecho, porque el curial asiste al justiciable que se ve enfrentado al Estado. Éste actúa por medio del Ministerio Público y, sin duda, pese al mentado principio de igualdad de las partes, suele encontrarse al ciudadano en inferioridad de condiciones. Por tal razón, la defensa material ha de ser tutelada y debidamente consagrada a fin de lograr la real equiparación de fiscales y abogados, tal como destacó BENTHAM en 1823 al referirse a las Pruebas judiciales… / Viene a mi memoria una situación en que no se cumplían determinados derechos individuales del justiciable al cual defendía, siendo ostensiblemente ignorados e irrenunciablemente debían ser tutelados. En tales circunstancias, expresé que me retiraba de la Sala. Entonces el juez agrandó sus ojos y me dijo: No, Doctor, Usted no se puede ir. De inmediato le pregunté al magistrado si estaba yo detenido; y prestamente respondió que no. Afirmé que, siendo así, me retiraría. El juez dijo que si me iba no podría procesar al indagado, y le respondí diciendo que, precisamente, asistía al juzgado para procurar que mi defendido no fuese procesado, condenado ni recluido. Mi propósito era que se cumpliesen los derechos del justiciable como garantía de un real Estado constitucional. Arribé obviamente a la conclusión de que, además de desaplicarse el Derecho, para algunas personas (no todas ni cualquiera) el abogado es un mero requisito formal sin más consideraciones”.
“Restringir y obstaculizar el libre desempeño de la abogacía penal condice con una mirada totalitaria de la sociedad. Es una expresión entre muchas otras de intolerancia, desapego democrático, menosprecio por el Derecho y por las Instituciones jurídicas” .
VII. Un autor francés ha podido hablar de la "defensa de la defensa", desarrollando el principio en relación, y en general, con la protección de los intereses del abogado y la abogacía. No abundaré al respecto luego de lo dicho; pero interesa subrayar el alcance de la dignidad del abogado, incorporada, para investirlo de la misma jerarquía del juez en el proceso –lo que implica también asimilar sus prerrogativas- en la antigua ley 5177 de colegiación de la Provincia de Buenos Aires, señera en su género, de donde pasó al Código Procesal Civil de la Nación y a varios provinciales que lo siguieron. En Chubut, por primera vez, se incorporó esa dignidad expresamente en el Código Procesal Penal –artículo 8, ley 3155- y se vinculó directamente su inviolabilidad al debido proceso y a la inviolabilidad de la defensa. Luego, trepó a jerarquía constitucional en estos términos: “Cualquier menoscabo a la intervención efectiva del defensor constituye una lesión a la defensa en juicio” -artículo 45, C. Ch.-.
Culmino recordando al gran Santiago SENTÍS MELENDO cuando le reprochó a la Corte haber avalado una sanción a un abogado por unos dichos vertidos en juicio: dijo entonces aquel Maestro “se precisa cuidar a nuestros abogados que desparecen y mueren en las calles antes que reprochar a un abogado en el ejercicio de su misión por algún exceso verbal”. Entiendo de toda pertinencia la cita porque, si algún reproche pudiera verse extremando los celos, habrá de tenerse presente que el abogado, en el ejercicio de su sagrada misión de defensor penal, solo tuvo en mira la mejor defensa de su cliente.

Córdoba, 5 de setiembre de 2015

 

JOSÉ RAÚL HEREDIA
ABOGADO

DOCTOR EN DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNIV. NAC DE CÓRDOBA
ACADÉMICO DE LA ACADEMIA NAC. DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
MIEMBRO CORRESPONDIENTE EN CHUBUT DEL INSTITUTO DE FEDERALISMO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES.
PROFESOR EXTRAORDINARIO VISITANTE DE LA UNIV. NACIONAL DE SALTA
REDACTOR DEL ANTEPROYECTO (2005) CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT
DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA PENAL DE CHUBUT
DEL ANTEPROYECTO DE JUICIO CON Y POR JURADO
EX PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE CHUBUT

ACTA
En la Ciudad de Florencio Varela, partido del mismo nombre, a los tres días del mes de agosto de 2015, siendo las 12,15hs, comparecen ante este Juzgado de Garantías del Jóven Nro 1 del Departamento Judicial Quilmes, con asiento en Florencio Varela, a cargo de la Suscripta, el Dr. Claudio Marcelo Cipollone en representación del Ministerio Público Fiscal, y el Dr. Eduardo Soares, inscripto en el To XVI, Fo 67 del Colegio de Abogados de San Isidro, en su carácter de Defensor Particular, para asistir legalmente al joven MARIO AGUSTIN LUNA, quien cuenta con 18 años de edad, nacido el día 24 de Abril de 1997, Titular del DNI….., nacionalidad argentina, estado civil soltero, domiciliado en la calle…..Partido de Florencio Varela, que resulta ser hijo de PABLO DANIEL LUNA Y DE MARTA GRACIELA HERRERA; en el marco de la IPP Nro 13-02-004435-14/00 en orden al delito de ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD DE DISPARO NO PUEDE SER PROBADA EN CONCURSO REAL CON ROBO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA (arts. 42, 55, 164 y 166 inc. 2° primer supuesto del último párrafo del Código Penal); habiéndose designado la audiencia en razón del pedido formulado por el Sr. Agente Fiscal en relación al joven aquí presente, en función del art. 36 inc. 7 Ley 13.634 t.o. Leyes 13.645 y 13.797, 334 y Ccdtes del CPP.-
Se deja constancia que en este acto se encuentran presente el Sr. Pablo Daniel Luna quien oportunamente acredito identidad en el marco del presente proceso, en su carácter de progenitor del Joven Mario Agustín Luna.-
SS explica al joven los motivos de la designación de la presente audiencia informándole que deberá estar atento a todo cuanto se diga en la presente audiencia, como así también que cualquier intervención que desee realizar la podrá viabilizar a través de su defensor.-
Que cedida la palabra al representante del Ministerio Público Fiscal Dr. Claudio Marcel Cipollone quien manifiesta que tal como lo ha solicitado al momento de requerir la designación de la presente audiencia, solicita la elevación a juicio del presente proceso en relación al joven aquí presente, en virtud a tener por acreditado con la certeza que éste estadío procesal requiere que el día 20 de Mayo de 2014, alrededor de las 5 hs, en calles Manuel de Falla entre Lugones y Pehuajó de Florencio Varela, dos sujetos de sexo masculino, al menos uno de ellos menor de 18 años de edad, mediante la utilización de dos armas de fuego cuya aptitud de disparo no puede ser probada en virtud de no haber sido secuestradas, desapoderaron ilegítimamente a Lucas Matías Alarcón, previo violentar la traba del manubrio, de una motocicleta marca Motomel, modelo C-150 dominio 536HHS, cuya posesión detenta su empleador Matías Leonardo Paglioto, para luego darse a la fuga.- Posteriormente y siendo aproximadamente las 8,00hs , personal policial alertado del episodio antes narrado y efectuando una recorrida por zonas aledañas, avista a uno de aquellos sujetos el cual intenta continuar con su fuga generándose una persecución.- Momentos después, dicho sujeto logra ser interceptado produciéndose un forcejeo, oportunidad en que el efectivo Hugo Ruben Agüero cae al suelo siendo aprovechada la situación por aquel sujeto para intentar sustraerle su arma reglamentaria y propinarle una patada en su cara al efectivo referido ocasionándole lesiones – hematoma bipalpebral bilateral con edema en pómulo izquierdo y equimosis, derrame hemorrágico en ojo izquierdo-, para finalmente ser aprendido luego de haber intentado profugarse nuevamente previo ingresar al patio delantero de una vivienda de la zona.-
Manifiesta que la materialidad ilícita de la autoría penalmente responsable del joven encartado, la tiene por acreditada mediante los siguientes elementos probatorios: acta de procedimiento y aprehensión fs. 1/2, declaración testimonial de Hugo Rubén Agüero de fs. 5/6 y vta, declaración testimonial de Héctor Ruben Gómez de fs. 7/8 y vta, declaración testimonial de Leonardo Matías Pagliotto de fs. 9/11, declaraciones testimoniales de Lúcas Matías Alarcon de fs. 12 y vta y 17 vta, informes médico legales de fs 13 vta y 14 vta, acta de visu de fs. 18, imágenes fotográficas de fs. 19 y 21, documentación de fs. 20 y vta y copia de DNI certificado de nacimiento de Mario Agustín Luna de fs. 23 y 24 respectivamente.-
Concluye que la calificación legal que se le debe atribuir al hecho aquí ventilado en ésta instancia procesal es la de ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD DE DISPARO NO PUEDE SER PROBADA EN CONCURSO REAL CON ROBO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA, delitos previstos y penados por los artículos 42, 55, 164, y 166 inc. 2do primer supuesto del último párrafo del Código Penal.-
En función de lo expuesto el Sr. Agente Fiscal solicita que oportunamente esta investigación sea elevada a juicio, debiendo ser juzgado conforme lo normado por el art. 28 de la Ley 13.634 por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Departamental que por sorteo corresponda.-
S.S. corre traslado al Sr. Defensor Particular Dr. Soares, quien solicita el rechazo de la petición de elevación a juicio.- Ello en primer lugar porque entiende que no hay “nada” en la causa, que por eso no debe llegar a juicio, es típico de un armado policial carente de toda credibilidad.- No están las víctimas, tampoco están en este momento en esta audiencia.- S.S. advierte a la defensa que no están acá las víctimas porque no corresponde en esta etapa del proceso.- El Sr. Defensor continúa con su exposición y manifiesta que las víctimas tienen connivencia con la actividad policial.- Dice que no hay secuestro de armas, que no hay denuncia formal.- Reitera que es un típico armado policial convalidado por la Fiscalía , dice que debería ahorrar el paso.- S.S. hace saber que la forma de dirigirse al Fiscal es irrespetuosa y que debe hacer el planteo que corresponda en el lugar que corresponda.- El Sr. Fiscal toma la palabra y manifiesta que esto va contra el decoro que se debe respetar en una audiencia y solicita que se remita una copia al Colegio de Abogados correspondiente del audio de esta audiencia y que el Sr. Defensor sea apartado de la defensa.-
La defensa insiste nuevamente que esta es una causa armada por la policía.- Dice que el reconocimiento fue hecho en forma irregular y que fuera de ello no existe nada.-
Respecto de lo dicho anteriormente vuelve a decir que la Fiscalía “convalida” no está diciendo que es cómplice de esto, que la fiscalía da por hecho todo que no investiga.-
Que con esto redirecciona el planteo ante el pedido del Sr. Fiscal de extraer copias y remitir al Colegio de Abogados.- Agrega que la policía sacó al chico por la ventana en forma irregular que por todo ello la defensa solicita que se rechace la elevación a juicio, que se investigue mas, que no solo se conforme con las actuaciones que dieron inicio.- Agrega que ésta parte no tiene que probar la inocencia de su defendido.- Por todo ello solicita se rechace el pedido de elevación a juicio y se redireccione el caso.-
El Sr. Agente Fiscal solicita la palabra a lo que se hace lugar y manifiesta que cualquier redirección la debe plantear en el juicio y que reitera la solicitud de elevación a juicio.-
S.S. llama a cuarto intermedio siendo las 12,35 hs manifestando el Sr. Fical que se retira y que se lo notifique por cédula a lo que S.S. hace lugar y deja expresa constancia de que no existe oposición por parte de la Defensa.-
Y VISTO: La presentación efectuada por el Sr. Defensor Oficial y el Sr. Agente Fiscal en función de la IPP Nro 13-02-004435 seguida contra el joven Mario Agustín Luna, en orden al delito de ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD DE DISPARO NO PUEDE SER PROBADA EN CONCURSO REAL CON ROBO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA.-
Y CONSIDERANDO: Que se han oído a las partes y por su orden, al Sr. Agente Fiscal conforme los términos del art 335 del CPP, quien fundamentó de manera clara, precisa, circunstanciada y específica la producción del hecho investigado, la calificación legal que estima considera impetrar a este hecho y fundamentó mediante acreditación su acusación.- En consecuencia, sostuvo la elevación a juicio que había anticipado cuando solicito la celebración de esta audiencia.- Oportunamente el Sr. Defensor fue oído oponiéndose al requerimiento efectuado por el Sr. Representante del Ministerio Público por los argumentos esgrimidos solicitando que se redireccione la investigación efectuada por el Ministerio Público.- Asimismo sostiene que no existen a su entender materiales concretos para imputar el delito que se le achaca al joven Luna y entiende que se trataría de una causa de típico armado por la policía y convalidado por el Ministerio Público.-
Dejo constancia que lo expuesto surge de sus dichos en la presente audiencia y se encuentra respaldado por el audio respectivo.-
A su turno el Sr. Agente Fiscal y en virtud de los términos vertidos por el Dr. Soares manifiesta que resultan agraviantes y siendo que no es éste el lugar de debate el mismo ha excedido las normas de decoro que indican los principios éticos de los colegiados.- Por lo cual solicita se extraigan copias de actas y del audio respectivo, se remitan a los Colegios de Abogados respectivos en los que el profesional actuante se encuentra matriculado.- Asimismo pone de manifiesto, el Sr. Fiscal, su intención de que el Sr. Defensor sea apartado de la causa por las razones expuestas.-
Retomando entonces el tema que nos ocupa, esto la elevación a juicio de ésta causa, y en función a lo normado en los artículos 2, 28, 29, 32, 36 inciso 7mo de la Ley 13.634 y sus modif., artículos 42, 55, 164 y 166 inc. 2° primer supuesto del último párrafo del Código Penal, arts 337 y Ccdtes del Código de Procedimiento Penal de la Pcia. de Buenos Aires, siendo prematura expedirse en los términos solicitados por la defensa técnica ya que entiendo que existen en ésta etapa procesal elementos suficientes para elevar la presente investigación penal preparatoria a los fines de resguardar el debido ejercicio de la defensa en juicio, etapa en la que sin dudas se arribara a la verdad del presente proceso y donde la defensa podrá ejercer su derecho a debatir las cuestiones planteadas en esta instancia.- 
Por todo ello sin mas


RESUELVO:
I.- NO HACER LUGAR A LA OPOSICIÓN PETICIONADA POR EL SR DEFENSOR PARTICULAR del joven Luna (art. 336 del CPP)


II.- ELEVAR la presente investigación penal preparatoria Nro 13-01-004435-14, seguida contra el joven Mario Agustín Luna, cuyas demás circunstancias personales obran al comienzo de la presente A JUICIO en tal sentido remítase la misma a la Secretaría de Sorteos de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías Penal Departamental, a fin que proceda a sortear el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Departamental que deberá tomar intervención en estos autos, en razón de no tratarse el hecho aquí investigado de ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 27 de la Ley 13.634.-


III.-EXTRAER COPIAS de la presente resolución y del audio respectivo debiéndose ser remitidas al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal como así también al Colegio de Abogados de la Pcia de Bs.As., Departamental San Isidro a los fines que estime corresponder, mediante oficio de estilo.-
IV: Agréguese copias de las credenciales del Sr. Defensor
Que puestos en conocimiento de las partes del decisorio, los mismos se dan por notificados.-

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