Jue 17 Nov 2011 19:39

PERU: EL MARCO CONSTITUCIONAL ACTUAL Y EL LEGICIDIO DE LA MAFIA FUJIMONTESINISTA

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el marco de la constitucion del 93 fue el autogolpe del 92

EL LEGICIDIO DE LA MAFIA FUJIMONTESINISTA

por: Pedro Alejos

Lo típico de todo régimen dictatorial o dictadura es el quiebre del orden democrático, el rompimiento del Estado de derecho, el sometimiento e intervención de los diferentes poderes del Estado, la subordinación de los medios de comunicación y la usurpación del poder para imponer arbitrariamente la voluntad e intereses de los grupos de poder económico y político. Se conculca derechos ganados a través del tiempo por las grandes mayorías, derechos que fueron conquistados por los trabajadores con sangre, sudor y mucho sacrificio después de arduas luchas.

Los dictadores bajo el falso argumento del progreso y desarrollo del país, se entronizan en el poder y apuntan a perpetuarse tratando de divinizar sus mandatos o a considerarse los salvadores de la patria cuando la población muestra su descontento y malestar a través de las luchas contra regímenes corruptos, nefastos y entreguistas de todas las riqueza que puede haber en una nación; se quita el don de la palabra, se intervienen las universidades, se prohíbe la libertad de expresión y se aplica de manera sofisticada y sistemática una política de represión indiscriminada a todo aquel que pueda significar una amenaza para el gobierno instalado ilegítimamente.

El Perú no es la excepción, cada dictadura en nuestro país ha tenido sus propias particularidades dependiendo de la coyuntura política que en ese instante haya estado pasando el país y de su momento histórico que haya estado viviendo. Hablando de la última dictadura sufrida por el Perú a manos de la mafia fujimontesinista, cabe recordar que Alberto Fujimori asume sus funciones de Presidente Constitucional jurando ante la Constitución de 1979, una carta magna considerada por todos los sectores políticos del país como uno de los instrumentos más progresistas que se haya construido en la historia republicana del Perú.

La Constitución es una norma jurídica suprema que rige el ordenamiento y organización del Estado, es la ley de leyes, la base de otras leyes que al Estado le permiten un ordenamiento jurídico, político, económico,estableciendo: la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del individuo. Una especie de contrato social que permita la convivencia al interior de un país, entre todos sus ciudadanos. Cabe destacar por ejemplo, que el derecho a la insurgencia también estaba estipulado en la Constitución violentada por el dictador a la que juró respetar.

 

Sin embargo, los apetitos de poder de este personaje de origen japonés llevó a ir preparando sus condiciones desde cuando estuvo en campaña electoral, aprovechando el desgaste político de los partidos tradicionales, los gobiernos nefastos precedentes y la situación de convulsión política que vivía el país. Un personaje que no era conocido en el ámbito político empezó a subir su popularidad como la espuma, no tenía un partido político sólidamente conformado, ni base social que lo sustente, bajo el lema de: “Honradez, tecnología y trabajo”, muy hábilmente se supo aprovechar de la ignorancia política de las grandes mayorías. Derrota a su contendor en segunda vuelta, con argucias, mentiras y mucha astucia. Recordar el episodio de la intoxicación con el bacalao, cuando la prensa en plena semana santa le pregunta por su plan y programa de gobierno y al no tenerlo, la que fuera su mujer ante la prensa sale a defenderlo con el cuento de la intoxicación (una de sus tantas mentiras).

Llega al poder con el apoyo abierto de los apristas y de la izquierda que se había convertido en la segunda fuerza política en todo el territorio nacional, tan es así, que cuando arma su primer equipo de ministros entre sus componentes hay algunos personajes ligados a la izquierda peruana como Gloria Helfer, entre otros. Desata una campaña contra el Poder Judicial y Poder Legislativo bajo el argumento de: “… no me dejan gobernar…”, dándose un Autogolpe el 5 de Abril de 1992, dicta el Decreto Ley 25418, instaurando el “Gobierno de emergencia y reconstrucción nacional”, desde esa fecha empezó a gobernar con Decretos Leyes, sumando cerca de 750 en diversas materias.

Un gobernante que asume sus funciones de manera legítima se deslegitima al quebrar el Estado de Derecho, al romper el orden democrático y al someter a todos los demás poderes del Estado a sus caprichos, necesidades y arbitrariedades; para luego buscar legitimarse con una nueva constitución hecha a su medida, intereses y voluntad. Es así, como Fujimori comete un gran legicidio al anular la Constitución de 1979, gobernando a través de decretos leyes y normas jurídicas que nacen de manera anómala y espuria; son normas ilegítimas que se impusieron y prevalecen con la fuerzas de las armas y por lo tanto, no son válidas.

Dentro de este marco de legicidio, es que se cierra el Congreso, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional y se somete a otras instituciones públicas;  para seguidamente promulgar decretos leyes para frenar y exterminar el fenómeno subversivo, el más importante fue el 25475, conocido desde entonces como la “nueva ley antiterrorista”. Este decreto rompió las reglas del respeto de fundamentales principios jurídicos amparados por instrumentos internacionales; cabe destacar en ese sentido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que esta legislación antiterrorista era, per se, violatoria de los derechos humanos.

Esta norma jurídica, rompió con la precisión y la claridad de los tipos penales, con la evidente finalidad de comprender en cada uno de ellos la mayor cantidad de hechos o actos humanos posibles de ser perseguidos penalmente. Terminó configurando así un proceso penal en el que el procesado estaba totalmente desprotegido y sin posibilidad alguna de ejercitar efectiva y ciertamente ningún derecho fundamental. Las penas son draconianas y demasiado severas, con el claro propósito de generar un escarmiento físico y psicológico en todo aquel que haya estado involucrado o haya tenido una actitud crítica con el orden existente; para que nunca más se involucre en hechos o acciones políticas en contra de un gobierno ajenos a los intereses colectivos.

La legislación antiterrorista de Fujimori provocó que miles de peruanos fueran acusados sin pruebas, sometidos a juicio y sentenciados por jueces a quienes no podían ver ni oír, porque las voces estaban distorsionadas. Fue tan injusta esta legislación, que por presión de la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, la iglesia y gremios diversos nacionales; que el propio Fujimori tuvo que ordenar la liberación de 513 inocentes. En el gobierno de Paniagua se liberó a 146, y en el de Toledo, a más de 100. Se liberó a gente humilde que sufría condenas injustas en infames procesos.

En conclusión, como primera acción del dictador es el legicidio para seguidamente aplicar una política de terrorismo de Estado, aniquilando a los alzados en armas y a los probables opositores, genocidios efectuados por las fuerzas armadas, policiales y grupos paramilitares, encarcelamiento indiscriminado, desapariciones extrajudiciales, violaciones sexuales principalmente a las mujeres detenidas y toda una serie de abusos, injusticias y arbitrariedades cometidos por la mafia fujimontesinista cuyo objetivo principal fue la imposición del modelo social de mercado o neoliberalismo.

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